Ante mujeres de la delegación Xochimilco explicó que debe haber mesura de diputados locales al proponer y analizar iniciativas cuyos efectos serán, entre otros, el incremento de la población carcelaria y la mezcla de delincuentes peligrosos y violentos con padres y/o madres de familia cuyo "delito" será que incumplen su responsabilidad civil.
Como opción para garantizar que la pensión llegue a los menores, propuso dar facultades a los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia del DF, para que en cada caso de divorcio, en los convenios de separación se incluyan los fondos económicos de los sistemas de ahorro, de pensión o del retiro y que en el caso de incumplimiento en la entrega de las pensiones a los menores, el juez este habilitado a ordenar el pago mensual con base en esos fondos, hasta en tanto se restituya la normalidad de las entregas.
Si el responsable de entregar la pensión alimentaria no hace la aportación de manera voluntaria y transparente, la propuesta que presentó Joel Ortega es efectuar una reforma legislativa federal a fin de que los juzgados familiares tengan la atribución de realizar el cobro o bien se habilite a la persona para ello.
El tema es de vital importancia para la ciudad, pues se trata de proteger diferentes derechos y hacer valer obligaciones, de manera destacada, dijo, la defensa de los menores cuya formación es responsabilidad principal es de los padres.
El Tribunal Superior de Justicia del DF ha desarrollado un papel relevante con una oficina que atiende estos casos. Vale la pena explorar a través del Consejo de la Judicatura, la creación de una nueva Institución que defienda los derechos de la mujer con una justicia pronta y expedita, que vele porque los niños no se queden nunca sin pensión por falta de efectividad en la justicia o de la demora de un juez, enlistó el Presidente de Ciudadanía y Democracia entre sus propuestas.
Explicó que sin duda las mujeres son quienes tienen mayores problemas para la manutención de sus hijos tras la separación, por lo que propuso también que el Gobierno de la ciudad mediante políticas laborales y de desarrollo social les de capacitación para el empleo y a través de un Fondo específico una subvención económica, mientras que inician en un trabajo.
Es necesario ayudar a la mujer a que reencauce su vida y para ello se deben procurar fondos para su capacitación para el empleo. "Los apoyos que entrega el gobierno de hasta 900 pesos que son los más altos, van a ser insuficientes, si no tomamos otras medidas", dijo ante centenas de mujeres reunidas en la Asamblea Delegacional de Xochimilco, la número 13 que realiza Ciudadanía y Democracia, Agrupación Política Local, en igual número de delegaciones, con el objetivo de elegir a sus representantes por demarcación y conformar su estructura territorial.
Imaginemos, agregó el efecto que se generaría si la iniciativa se convierte en ley y alguno de los cónyuges va directo a reclusión sin posibilidad de fianza. "¿Cómo explicaría una madre a su hijo que metió a la cárcel a su padre? O tras la reclusión ¿cuál sería el resentimiento y el encono de quien estuvo mezclado con delincuentes violentos? Imaginemos también las repercusiones que tendría en el país un solo caso en donde una mujer terminara en la cárcel por abandonar la manutención de sus hijos, demandada por su ex pareja", expuso Ortega Cuevas.
No se puede destruir de esa manera el tejido social porque también se expone a los menores a un ambiente no propicio para su sano desarrollo, uno de los objetivos más importantes de toda sociedad.
El tema debe ser enfocado con cuidado por los diputados locales en la iniciativa, no solamente dar validez al uso de la fuerza y hacerlo de manera reactiva, pues no se prevén otros mecanismos como el apoyo económico y la capacitación laboral.
La iniciativa considera morosos a quienes no entregan pensión luego de tres meses, un lapso muy grande que afecta la economía familiar, sin que se tengan otras previsiones. Los diputados deben ser sensibles a la grave crisis económica y de empleo que agobia al País y a nuestra Ciudad y que evidentemente tiene repercusión en todos los ámbitos de las vidas de las personas y de sus familias, dijo.
Lo que se debe impulsar es una paternidad responsable porque es claro que hay hombres que evaden su responsabilidad, ocultan que tienen empleo, el verdadero monto de sus salarios e incluso se cambian el nombre para evitar los pagos.
En su discurso Joel Ortega dijo que la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa en algunas partes es una calca de varios aspectos de la contradicción de tesis 407/2009 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada hace un año. Definitivamente la iniciativa carece de originalidad, se quiere vender como solución con un toque populista, algo que la corte ya resolvió y unificó criterios de los jueces a través de dicha tesis.
En otros aspectos retoma tal cual un registro de padres o madres morosos cuyo concepto se utiliza en Argentina, para "boletinarlos" y hacer públicos sus nombres. La estrategia, dijo no debe ser criminalizar sino explorar y aprobar otro tipo de medios de solución de controversias.
La privación de la libertad debe ser la última instancia a la cual recurrir. Cuando empieza la práctica de criminalizar las conductas sociales, como ya se ha intentado con los franeleros reincidentes, quiere decir que el Estado está siendo rebasado para mantener el orden y el control social. Y me refiero al Estado en su conjunto, al poder ejecutivo y al judicial, al no encontrarse respuestas en el marco de las instituciones creadas exprofeso para ello, explicó.
La política del gobierno de la Ciudad no debe ser criminalizar todos los aspectos de la vida de la sociedad, menos en un gobierno democrático, hacerlo lo convierte en un gobierno represor. El derecho penal debe ser la última instancia a la cual recurrir, debemos construir otros medios de solución de controversias. El gobierno debe reflexionar hacia donde se quiere llevar la política criminal.
La tendencia mundial respecto a la penalización de conductas va exactamente en el sentido contrario a lo propuesto por la ALDF. Es decir castigar con prisión solo aquellas conductas que lastiman o ponen en peligro a la sociedad en su conjunto. De ahí que la idea de que ciertas conductas quedan tipificadas como delito no son vigentes.
Por citar unos ejemplos, el caso de la reforma hace algunos años, en donde se despenalizó como delito la difamación, por considerar que la misma atentaba contra la libertad de expresión, aunque sigue persiguiéndose por la vía civil o la reciente reforma en que se despenaliza el adulterio por la dificultad para probarse y su inutilidad ante las reformas para los divorcios consentidos por las partes. Es decir, hay que transitar a las medidas alternativas a la prisión, concluyó.
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