Sólo durante 2010 el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México recibió 9,600 llamadas para atender explosiones, fugas o simplemente de prevención en casas-habitación, industrias y comercios a causa de tanques de gas en mal estado.
De igual urgencia, relevancia y riesgo, Meade debe prohibir que las estaciones de carburación, que sólo deben atender a los vehículos adaptados para funcionar con gas LP, rellenen los recipientes portátiles para uso doméstico. Además de tratarse de una práctica desleal, representa un alto riesgo para la población en general.
Desde el año pasado, la Secretaría de Energía (Sener) recibió un expediente que denuncia la existencia de 21 expendios que llevan a cabo esta práctica irregular.
Si bien algunos de esos puntos están debidamente registrados ante la misma Sener, el problema radica en que no cuentan con el equipo adecuado para realizar estas tareas, lo que puede dañar las válvulas e incluso los mismos cilindros.
Insistimos: además de prohibida, esa práctica significa un peligro para los usuarios del combustible y para la población en general.
Se ha denunciado también que el personal asignado a las estaciones de carburación no lleva a cabo las revisiones correspondientes para saber si el cilindro presenta fugas, ya caducó, está oxidado o golpeado, lo que pone en riesgo la seguridad de miles de personas que acuden en sus propios vehículos a cargar sus cilindros y llevarlos a sus hogares.
La Sener trabaja en la revisión de las Normas 002 y 004 con la finalidad de obligar a propietarios de casas-habitación a la revisión periódica de sus equipos de gas. Actualmente, no existe obligación oficial para ello, pese a tratarse de un asunto de seguridad personal. Con esa medida se busca prevenir y reducir incidentes y pérdida de vidas.
Sin embargo, la responsabilidad del buen estado de los recipientes portátiles debe ser compartida entre los distribuidores del energético y las autoridades, y no recaer sólo en el público consumidor.
Mientras la Sener da señales de vida al respecto, autoridades capitalinas han comenzado a clausurar algunas estaciones de carburación más por cuestiones administrativas que por la práctica ilegal y peligrosa del llenado de tanques portátiles.
JUSTICIA. En otro tema relacionado con el gas LP, en Honduras parece que los ciudadanos afectados por las arbitrariedades de la empresa Gas del Caribe, propiedad de la compañía mexicana Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza, están viendo, por fin, la luz al final del túnel.
La representación ciudadana Gran Alianza por Omoa informó que esta semana, a requerimiento de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, inició el proceso en contra de Gas del Caribe "por haber roto con sus rompeolas ilegales la barra que protegía la Laguna de Centeno, hábitat natural para centenares de especies ícticas y avícolas hoy desaparecidas juntamente a la misma histórica laguna y a los 450 mangles que la rodeaban."
Esa organización, que durante una década ha manifestado la oposición de la ciudadanía a las instalaciones de Gas del Caribe y denunciado presuntas colusiones con altos funcionarios, detalló que de los tres imputados: Magnamar Melgar, ex director general de Gas del Caribe y de Tropigas, hoy cesado; Alfredo Gonzales, ex director general de Gas del Caribe, de Tropigas y del Grupo Tomza para Centro América, hoy prófugo en Costa Rica, y Ricardo Núñez, gerente de la planta de Omoa, sólo se presentó éste ultimo.
La gran Alianza por Omoa considera que "el proceso debería proseguir a la luz de las recientes multas que la autoridad ambiental conminó a la empresa y -en el particular- de la sanción de un millón de lempiras (unos 632 mil pesos mexicanos) impuesta por los daños a la laguna, de tal manera dejando firme la comisión del delito."
COMPETENCIA. La moneda sigue en el aire respecto al caso de la licitación del nuevo aeropuerto de la Riviera Maya, ya que a partir de que la Comisión Federal de Competencia (CFC), de Eduardo Pérez Mota, le prohibiera la participación al operador Aeropuertos del Sureste (Asur), que preside Fernando Chico Pardo, y que administra la terminal aérea de Cancún, el tablero de jugadores acaba de recibir un reacomodo que podría ser clave.
Se trata de la estrategia que emprende el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), de Guillermo Díaz de Rivera, conjuntamente con Grupo México, quienes utilizan la conocida frase de "denos por muertos", al tiempo de que un grupo de expertos evalúan actualmente los aspectos de rentabilidad y viabilidad del proyecto de la nueva terminal.
Se avecina una turbulencia entre los finalistas, GMéxico-GAP vs Tradeco, que dirige Federico Martínez, ya que no cualquiera querría quedarse fuera de un proyecto que representa una inversión de más de 250 millones de dólares, sobre todo si se considera que el tránsito de pasajeros en el aeropuerto de Cancún, a poco más de 130 kilómetros de la nueva instalación, fue de más de 2.4 millones de personas en 2010.
Por su parte Tradeco va en alianza con el mayor operador latinoamericano de aeropuertos, Corporación América, que además de manejar 30 aeropuertos en el cono sur opera una terminal internacional en Italia que une a Europa con Medio Oriente
Tradeco ha demostrado su eficiencia en el desarrollo de infraestructura en México. Vaya como ejemplo el Puente Baluarte de Sinaloa, considerado como el puente atirantado más grande del continente americano y la renovación de autopistas como la México-Querétaro.
MISTERIO. Nadie se explica en qué momento el juez Felipe Consuelo dio la autorización a Gerardo Badín, conciliador de la aerolínea Mexicana en el proceso de concurso mercantil, para aplicar quitas a la deuda de la empresa. Parece que Consuelo olvida que se trata de recursos que no son propiedad de la aerolínea sino de los aeropuertos. Es de esperar que esa decisión desate una controversia de parte de los grupos aeroportuarios en la que sin duda deberá de revisar la Comisión Federal de Competencia (CFC), a cargo de Eduardo Pérez Motta.
Mientras tanto es de suponer que las ahora cabezas visibles de Mexicana, Arturo Barahona y PC Aviation, estén muy contentos por esta decisión.
RESULTADOS. La empresa Bio-PAPPEL, el mayor productor integrado de papel de México, reportó que tanto sus ventas como utilidad operativa mejoraron en más de 20% en el cuarto trimestre de 2010, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con lo que sus ventas se ubicaron en 904 millones de dólares en el año. Estos resultados se dan en el contexto de una reingeniería de procesos productivos, gracias a una inversión de más de 350 millones de dólares en la reconversión y ampliación de su infraestructura durante los últimos cinco años.
SERVICIO. Hoy y mañana el DIF Municipal de Tuxtepec, Oaxaca, que encabeza Paola Barrera Beltrán, llevará a cabo en las instalaciones del Parque Juárez la primera Expo-DIF con el fin de dar a conocer todos los servicios que ofrece el organismo, entre los que se encuentra atención médica general, odontología, medicina de rehabilitación, la Unidad Básica de Rehabilitación, el Departamento de Psicología, la Subprocuraduría de Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como los diferentes talleres que se imparten en la Escuela de Artes y Oficios, entre otros.
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